La protección del patrimonio histórico requiere la participación activa de gobiernos, instituciones, comunidades locales y organismos internacionales. Algunas de las medidas más importantes son:

• Elaboración de leyes de protección y catálogos oficiales.
• Restauración y mantenimiento de los bienes patrimoniales.
• Regulación del turismo y educación patrimonial.
• Digitalización y documentación de elementos frágiles o en riesgo.
  
• Implicación de las comunidades locales en la conservación.
  La concienciación ciudadana es clave para que el patrimonio sea valorado y protegido de forma sostenible.

A nivel internacional, los principales organismos encargados de la protección del patrimonio son:

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): Encargada de la Lista del Patrimonio Mundial y del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios): Se dedica a la conservación de monumentos y sitios históricos.

ICCROM (Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales): Fomenta la formación y cooperación internacional.

España cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en materia de patrimonio. La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español establece los mecanismos para la identificación, conservación y protección de los bienes de interés cultural (BIC).

Además, España es uno de los países con mayor número de bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, incluyendo lugares como la Sagrada Familia, el centro histórico de Córdoba o el Parque Nacional de Doñana.

Las Comunidades Autónomas también tienen competencias en esta materia y desarrollan sus propios planes de conservación. Organismos como el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) y la Dirección General de Bellas Artes trabajan coordinadamente con museos, archivos y universidades.